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FRENADESO Noticias 17 de Junio de 2017

Frenadeso Nacionales

[Video] Panamá: Encuentro de dirigentes de SUNTRACS FRENADESO y FAD

Conferencia con la prensa







Encuentro de dirigentes de SUNTRACS FRENADESO y FAD

Conferencia con la prensa

Como parte de la dinámica orgánica de los movimientos sociales populares de Panamá, se realizó este 17 de junio el foro que evaluó la coyuntura nacional, en especial el Decreto Ejecutivo 130 que ha generado gran revuelo en la sociedad, compañeras y compañeros del SUNTRACS, FRENADESO y FAD después de deliberar esto realizaron conferencia de prensa, que dirigió Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS y miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO, quien desarrolló las conclusiones de esta actividad.

Lunes 19 de junio, 12:00 medio día, piqueteo a las afueras de la cancillería de Panamá a raíz de la reunión de los presidentes Trump y Varela.


FRENADESO Noticias 17 de Junio de 2017


Polémico Decreto Ejecutivo 130

FRENADESO, 2017.

Pulseo y suspendió, pero no derogó. ¿Qué hay detrás de este Decreto? ¿Será que el gobierno está acorralado por las exigencias del FMI para que aumente su recaudación fiscal?

El problema es más complejo, responde a un proyecto más amplio en el papel asignado a Panamá en el mundo globalizado (plataforma logística), que se viene impulsando desde hace casi dos décadas. Este rol, impone entre otras cosas algunas restructuraciones a nivel educativo, reordenamiento territorial, cambios institucionales, mayor apertura económica, etc.

Siendo así, el Decreto Ejecutivo 130 se constituye en uno de los eslabones necesarios. Se corresponde a la necesidad de ordenar la estructura marco que facilite: poner en línea la información catastral (Registro Público, DGI, ANATI), el cobro de impuestos de inmuebles (principal fuente de financiamiento de los municipios vía la descentralización / ver Ley 66), crear las bases para aumentar el impuesto inmueble que permita desocupar las áreas de interés para el llamado “Hub de las Américas” (desplazamiento de la población y perdida de propiedades, viviendas, terrenos, fincas, de los sectores populares, profesionales y capas medias).

Aunado a ello, el Decreto forma parte del ordenamiento de la política fiscal que exige el FMI y las calificadoras de riesgo, en el sentido de ser eficientes en la recaudación tributaria, a juicio del Fondo uno de los más bajos de la región. Sumado a las exigencias de manejar adecuadamente el déficit fiscal, sobrepasando lo tributario, al incorporar el tema de la CSS (institución que sirve de aval financiero del gobierno).




Lo que no aborda el Decreto, ni es parte de la lógica neoliberal para Panamá, es el tema de la regresividad del sistema tributario en el país. Por el contrario, las medidas parecen provocar una mayor regresividad, donde los sectores de alto poder económico serán beneficiados con la modernización del rol de la economía panameña que le impone la globalización neoliberal. Seguirán evadiendo el pago de impuestos a través de subregistros, sociedades anónimas, off shores, o simplemente lo incorporan a nombre de sus empresas.

Cómo se ve el problema no es monocausal, como han pretendido hacer ver sectores de partidos políticos tradicionales y algunos que se autodenominan “sociedad civil/independientes” que buscan redito político para las elecciones del 2019. En este sentido, pretenden manipular la legitima preocupación de sectores populares y profesionales, a los cuales han condenado en otras ocasiones cuando estos han luchado por el derecho a la vivienda, tal fue el caso reciente de los desalojos forzosos en Pedregal y Cerro Galera, o han luchado por salarios justos.

Al ser el Decreto parte de un proyecto más amplio, a Juan Carlos Varela le cuesta derogar el mismo. Ha suspendido el Decreto y llamado a “consultas”, de lo cual pueden derivarse acuerdos con ciertos sectores so pretexto de “gobernabilidad” o “desarrollo nacional”, excusa que siempre utilizan para imponer medidas antipopulares. Recordar que, desde el gobierno de Martín Torrijos (PRD), pasando por Ricardo Martinelli (CD) y hoy Juan Carlos Varela (Panameñista), se han realizado intentos por avanzar en las medidas de política económica que requiere la plataforma logística.


PRINCIPALES CAUSALES DETRÁS DEL DECRETO EJECUTIVO 130.

1.    Lo Fiscal.

Recordar que el balance fiscal del primer trimestre de 2017, con relación al PIB nominal, arrojó un superávit de 0.3%; a su vez los ingresos del SPNF son menores a los del 2016 (Disminución de 0.4%).  La caída de la inversión pública, vista desde el balance fiscal (relación gasto e ingreso), obedece a que el Gobierno no ha gastado o pagado.

Por su parte, el FMI ha planteado recurrir a políticas fiscales inteligentes. Política fiscal contra cíclica que permitan utilizar estabilizadores automáticos (a niveles de gasto e ingreso que se adapten en función de los altibajos de la economía). Promover medidas tributarias y de gasto que puedan usarse para apoyar los motores del crecimiento económico a largo plazo.

Pareciera ser esta la razón del Decreto Ejecutivo 130. Sin embargo, la lectura no es tan simple, ni es monocausal como algunos pretende hacer ver.

Si nos ubicamos en el 2009, gobierno Martinelli-Varela, el Ministro del MEF de ese entonces, Alberto Vallarino, presentó una reforma fiscal para aumentar la recaudación del impuesto de inmuebles, a fin de obtener entre 200 y 300 millones de balboas con la actualización de los valores catastrales de esas propiedades. El argumento que sostenía la propuesta “…mientras otros países consiguen el equivalente al 1% del PIB con ese impuesto, Panamá solo consigue 80 millones anuales”.


¿Qué sucedió? La actualización dependía de los avalúos que debía realizar el fisco, en tres años fue poco lo que avanzaron, según Luis Cucalón, exdirector general de la DGI.

 

Ahora, según cifras oficiales en los tres primeros años del gobierno de Martinelli los ingresos del gobierno aumentaron en tasas de 12% y más. Ello parece relativizar la tesis del problema valorado solo como falta de ingresos del gobierno.





2.    Descentralización.

La Ley 66, de descentralización, tiene como una de sus principales fuentes de financiamiento el impuesto de bienes inmuebles. El MEF cobra el impuesto de inmueble y transfiere el monto bruto de la asignación (recaudación, incluyendo multas y recargos), a los municipios en partidas trimestrales. La Secretaría Nacional de Descentralización aplicará la fórmula de asignación. La cifra ronda los 200 millones de dólares.

Al momento de la sanción de la Ley 66 se advirtió la preocupación de la población en torno a que la ley de descentralización puede dar cabida a retomar la propuesta de aumentar la recaudación de los impuestos de bienes inmuebles a través de la revalorización catastral con la consabida perdida de propiedad territorial y viviendas en sectores populares, profesionales y capas medias. Recordar que la medida aprobada en la administración de Martinelli, ocasionó gran molestia entre la sociedad civil y política, ya que el cobro del impuesto de bienes inmuebles supuestamente iniciaría a personas que vivieran en zonas exclusivas del país (Punta Pacífica, Costa del Este, Marbella, y áreas de playas desde Punta Chame hasta Río Hato).

3.    Ordenamiento Territorial y Urbano.

El proceso de ordenamiento territorial en Panamá se ha construido desde el enfoque urbanístico-metropolitano prevalente en los países más urbanizados y desde la perspectiva de los requisitos que demanda la plataforma logística (la cual está en función del mercado mundial).

En este sentido, han identificado algunos polos de desarrollo: Panamá Norte, Panamá Sur, Panamá Este, los cuales van acompañados de megaproyectos de infraestructura que desarrolla el Estado (Corredor Norte y Sur, Metro que buscan conectar canal, puertos, aeropuertos y zonas económicas), y modificaciones de zonificación. Se suma Colón en el marco del proyecto Colón Puerto Libre (autopista Panamá-Colón, renovación urbana, cinta costera, nuevo puente). Las áreas revertidas han sido valorizadas en el 2011 (Estudio del BM) a fin de “maximizar su potencial económico y social”. El estudio identifica 6 actividades económicas (almacenamiento y servicios logísticos, centro de distribución de piezas para barcos, terminales para industrias marítimas y cruceros, astilleros y desarrollo residencial) y 6 áreas geográficas (Horoko, Telfers, Sherman Sur, Isla Largo Remo, Veracruz, Davis/Brazo).

Por su parte, el Plan Estratégico de Gobierno (2015-2019), de Juan Carlos Varela, plantea convertir a Panamá en “Hub Económico de las Américas”, planteando su estrategia en cuatro ejes centrales:  plataforma de servicios y actividades de transportes y logísticas a escala mundial; centro internacional de servicios financieros; centro direccional y plataforma logística de actividades empresariales, culturales e institucionales; centro regional de distribución comercial. Se habla de “hub de negocios” y “hub energético”.

Para estos proyectos se demanda desalojar espacios geográficos, por ello los cambios de zonificación en Río Abajo, Parque Lefevre, San Francisco, Bethania, Juan Díaz y áreas revertidas, desalojos forzosos que se han perpetrado en comunidades humildes del país (Pedregal, Cerro Galera) y se preparan expulsiones en comunidades de San Miguelito. Como complemento el Decreto Ejecutivo 130 apunta a una reglamentación dirigida a crear las bases para modificar los valores catastrales de las viviendas a fin de forzar salidas de sectores de capas medias de sus viviendas, y da discrecionalidad a ANATI para hacer de manera oficiosa las actualizaciones de la información catastral de las fincas o inmuebles que no la realicen en los seis meses siguientes a la fecha del permiso de ocupación de no ser realizadas en la jurisdicción que le corresponda (Artículo1).

¿QUÉ HACER?

Llamamos al pueblo trabajador, a quienes pagamos impuestos, a mantenernos vigilantes frente a la embestida del actual gobierno, que pretende seguir haciendo recaer sobre nuestros hombros el peso de la carga tributaria, donde los que más ingresos tiene pagan poco o evaden impuestos, mientras los que tienen menor ingresos, fundamentalmente los asalariados, son los que más contribuyen, ante un sistema tributario regresivo.

Llamamos a no dejarse confundir, por aquellos que pretenden utilizar las legítimas luchas del pueblo en defensa al derecho a la vivienda y demás reivindicaciones.

Exigimos la derogación del Decreto Ejecutivo 130, que avala el camino para la ejecución de proyectos estratégicos de las grandes corporaciones empresariales (extranjeras y nacionales), en vías al papel de plataforma logística que le asigna la globalización neoliberal a Panamá.

Panamá, 12 de junio de 2017.









Enviado el Domingo, 18 junio a las 13:19:03 por franckoi
 
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